I.- LAS INSTITUCIONES NO FUNCIONAN SATISFACTORIAMENTE.

Lo muestran los indicadores (allí dónde los hay) y las percepciones de amplios sectores ciudadanos disconformes y frustrados con los resultados obtenidos por nuestra sociedad a lo largo de las últimas décadas.

Carecemos de un “proyecto ilusionante” (ORTEGA y GASSET). Y esto profundiza nuestros problemas y alimenta nuestro desconcierto colectivo.

Y no me refiero sólo a las Instituciones que gobiernan, legislan, dictan sentencias o controlan.

Es posible detectar carencias también en materia de formulaciones programáticas y en el orden de las Instituciones sociales intermedias (sindicatos, cámaras empresarias, centro vecinales, consejos profesionales, asociaciones).

II. ¿DEJAR TODO COMO ESTÁ, MAQUILLAR O REFORMAR?

En este escenario, podemos los salteños decidir dejar todo cómo está. O incluso abrir un turno para maquillar instituciones.

Sería, sin embargo, una penosa opción. Cuyas consecuencias sufrirían seguramente los hoy jóvenes y las generaciones del mañana. 

En tal caso, nos esperan nuevas y largas décadas perdidas: Parálisis de nuestra producción. Aumento de la marginalidad y de la pobreza. Degradación ambiental. Justicia dependiente. Irrelevancia de Salta en los ámbitos nacional y regional. Estado opaco con aristas autoritarias. Administración ineficaz.

III. UN TRIPLE DESAFIO

A mi modo de ver, estamos convocados por un triple desafío.

El primero consiste en dejar atrás el decadente y actual “Estado de No-Derecho”, y avanzar hacia una Democracia Constitucional (FERRAJOLI). Un desafío del que hay muy pocos rastros incluso en los ámbitos en donde se reflexiona y se educa en ciencias sociales y jurídicas. En este sentido, señalo que la reforma de la Constitución Nacional de 1994 dejó obsoleta a más de la mitad de las bibliotecas que consultan jueces y abogados.

El segundo reto es abandonar nuestro “modelo económico” (hecho “a la que te criaste”). O, dicho de otra manera: Superar nuestro enclenque “capitalismo sin mercado y socialismo sin plan” (A. STURZENEGGER).

Y avanzar hacia una economía de mercado basada en la competencia, la productividad, la creación de empleo decente (OIT), la equidad e inclusión, y el respeto a las normas ambientales.

El tercer desafío es romper las inercias unitarias (merced a las cuales los vértices del poder -estén ubicados en la “zona núcleo” o en el Valle de Lerma-, marcan los ritmos y definen quienes ganan y quienes pierden).

Lo que nos convoca a bregar por una triple regionalización (en Salta, en el Norte Grande, en el Centro Oeste Sudamericano). A procurar reconfigurar nuestras relaciones políticas, tributarias, aduaneras, monetarias y regulatorias basándolas en principios Federales.

Este tercer desafío requiere abandonar la vocación de mirarnos el ombligo; exige reencontrarnos con la Salta nacionalmente relevante. La Salta de Indalecio GÓMEZ y Victorino DE LA PLAZA (por poner sólo dos ejemplos de la Argentina consensual que presidió Roque SÁENZ PEÑA).

Y aunque pocas veces se recuerde, lo hicimos otras veces. Por ejemplo en 1852 cuando un grupo de emprendedores liderado por Victorino SOLÁ, se propuso integrar a Salta en el mundo y en la región.

Es un triple salto de calidad.

Las alternativas (quietismo o maquillajes) pueden entusiasmar a sectores de la clase política ensimismada o de una cierta abogacía. Pero no mueven el amperímetro.

IV.- LA CRISIS ES TAMBIÉN INSTITUCIONAL

Solemos hablar de nuestra crisis económica y social, expresando preocupaciones y quejas estériles sobre ambas.

Pero hablamos poco y nada de nuestra crisis institucional. Que tiene, al menos, tres manifestaciones:

• Crisis de representatividad (partidos políticos precarios, poderes constituidos que no expresan las inquietudes y aspiraciones de la Salta actual),
• Crisis de control del ejercicio de los poderes del Estado, y de las garantías que hacen eficaz a la Constitución.
• Crisis de Pensamiento (ideas, propuestas).

Déjenme decirles que sobre todo esto el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) del que formo parte, ha hecho -a lo largo de sus casi tres años de vida- un trabajo excelente. Sus debates semanales me han ilustrado ayudándome a rectificar, a tener una idea más acabada de nuestra compleja realidad institucional.

En Salta hay, por supuesto, otras áreas en crisis: Educación y Cultura (pese al aparato educativo de considerables dimensiones con el que contamos). Estadísticas. Conectividad. Urbanismo.

A todo lo cual se suma la decadencia de nuestra clase dirigente que, como conjunto, se muestra incapaz de formular programas de gobierno o programas alternativos. Tenemos una dirigencia con amplios segmentos obsesionados con la Salta mendicante y sucursalista, y que colocan a su propia supervivencia por encima de los valores de la república.

Crisis que sobrellevamos más allá de los talentos individuales y de las notorias excepciones.

V. ¿NECESITAMOS REFORMAR NUESTRA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL?

Mi respuesta es: Si. Pero.

La reconstrucción de nuestras Instituciones de Gobierno, de Legislación, de Justicia y de Control será real y eficaz -desde mi punto de vista- sólo si emana de una Asamblea Constituyente representativa de la Salta plural e inquieta, que es muy distinta a la Salta de los años de 1920 cuando se sentaron las bases del vigente régimen electoral.

Que es incluso diferente a la Salta noventista cuando nació este regimen de alternancias entre familias políticas, asentado sobre un cerrado verticalismo a la medida de las cupulas unipersonales que pactan sucederse cada doce años. 

Vale decir, necesitamos una Asamblea Constituyente elegida por un sistema ad hoc que nos acerque al principio de igual valor del voto sobre cuyo contenido (y consecuencias de su inobservancia en nuestra historia política) ha escrito con singular precisión Ricardo GÓMEZ DIEZ.

Una Asamblea Constituyente conformada según los viejos criterios que reflejan la demarcación de los curatos de la época colonial, y que venimos usando para elegir senadores y diputados, sólo producirá maquillajes, continuismos, y consolidará nuestro atraso.

VI. NUESTRO REGIMEN ELECTORAL “FABRICA” HIPERMAYORIAS

Pero tanto o más importante que reformar la Constitución es reformar nuestro regimen electoral ordinario.

Un régimen que distorsiona la voluntad ciudadana otorgando más bancas de diputados y de senadores que las que corresponden por aplicación del principio de igual valor del voto.

Pruebas al canto: En la elección de Convencionales del año 2003 el Partido Mayoritario obtuvo el 50.02% de votos y el 61,4% de constituyentes.

En tanto a la Primer Minoría, que logró el 49,98% de votos, le correspondió un 38.60% de bancas constituyentes.

La crisis de representatividad afecta en un principio a la Legislatura, pero luego -inmediatamente- contamina a todos los otros poderes del Estado.

Pienso que hoy los legisladores no representan cabalmente a la pluralidad política, cultural, económica y social de Salta.

Vivimos en un democracia pobre y lastrada por la idea de que la mayoría (relativa o absoluta) tiene derecho a gobernar, legislar y constituir -e instrumentalizar- al Poder Judicial sin atender a las minorías.

Además, estas mayorías amplias, fabricadas por la Ley electoral (no por los votantes), impiden el diálogo y la generación de los imprescindibles consensos.

La vocación hegemónica de estas mayorías fabricadas (que invariablemente responden al vértice Ejecutivo de turno), termina construyendo un Poder Judicial a medida -acentuando su falta de independencia-, y eligiendo a las cúpulas de los órganos de control mirando su docilidad.

VII. ¿QUÉ DEBEMOS REFORMAR DE NUESTRA CONSTITUCIÓN?

Es urgente terminar con las reelecciones y volver a nuestra tradición de un solo mandato para el Gobernador y el presidente de la Corte de Justicia.

Es también urgente hacer del Poder Judicial un poder independiente, ilustrado, eficaz y anclado en la lógica de los Derechos Fundamentales. Para lo cual tenemos que reformar el Consejo de la Magistratura y la Escuela de la Magistratura dando acceso amplio al estamento académico y eliminando prácticas nocivas como el partidismo, el nepotismo y el amiguismo.

Tan nocivas como la centralización de poderes que ha ido tejiendo la actual Corte de Justicia con singular paciencia y al solo efecto de consolidar el verticalismo que tanto daña la independencia interna de los jueces inferiores.

Sería saludable cerrar en la Constitución el número de jueces de Corte, para evitar maniobras oportunistas. Hacer efectiva la publicidad de los antecedentes de los postulados por el gobernador. Y exigir que el Senado merite las observaciones que los ciudadanos hacen a los candidatos.

Necesitamos, por supuesto, órganos de control independientes. Tema sobre el que ha hecho aportes sustanciales Lea CORTES de TREJO.

La Constitución provincial debiera reforzar nuestra inserción en el orden jurídico internacional de los Derechos Humanos Fundamentales y crear una magistratura independiente abocada al control de convencionalidad.

VIII.- PERO HAY MUCHO POR HACER INCLUSO SIN REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

Por ejemplo construir un Estado Abierto (garantizando el acceso a la información pública, transparentando la pauta publicitaria, en línea con lo que proponen Gonzalo GUZMÁN CORAITA y otros expertos). Vencer el oscurantismo “tradicional” de la Administración local, demanda un primer acto de autoridad del gobernador y sus ministros; del presidente de la Corte y de los presidentes de las Cámaras y auditorias.

Tampoco hace falta reformar la Constitución para mejorar, oxigenar y despertar a nuestras administraciones públicas (que cuentan con más de 100.000 empleados) y funcionan -en varios ámbitos- peor de lo que funcionaba hace 50 años. Comenzando por multiplicar varias veces la cantidad de trámites a distancia (TAD) disponibles.

Se trata, en mi opinión, de apoyar desde las administraciones públicas locales, los esfuerzos que en el ámbito nacional viene desplegando nuestro comprovinciano Gonzalo QUILODRAN en materia de conectividad.

Podemos, sin tocar la Constitución de Salta, reformar la Legislación local, que sorprende por su vetustez y por el hecho de que rijan todavía leyes que regulan aspectos muy importantes de nuestra convivencia y tienen su origen en tiempos de dictaduras y que, por tanto, no recogen los avances habidos en el mundo de las ciencias jurídicas y legislativas. Tenemos un código de procedimiento de 1908 (que blinda a la burocracia estatal frente a los reclamos de los particulares) y otros increíblemente desfasados; el Código Procesal Laboral es de 1978, y es quizá el más antiguo de todos los que rigen en las provincias argentinas como lo ha señalado César ARESE un eminente catedrático cordobés.

Podemos, sin tocar nuestra Constitución, crear -por ejemplo- canales para facilitar la creación de empleo decente y reducir a su mínima expresión el trabajo no registrado, como lo ha estudiado (desde el ángulo de la salud de los trabajadores) el doctor Carlos UBEIRA.

Y reconciliar producción y ambiente como lo explica, con sólidos fundamentos, la doctora Cristina GARROS MARTÍNEZ, entre otros expertos altamente cualificados. Hablo de una reconciliación o coordinación que ha de contemplar también los aspectos poblacionales para evitar las migraciones forzadas y los conflictos sobre tenencia de tierras.

No hace falta, por último, reformar para Constitución para remplazar un modelo de crecimiento de las ciudades basado en el hacinamiento, la especulación y en el barrer debajo de la alfombra.

IX.- HACIA UNA PRODUCCIÓN SOCIAL Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE

Nuestra economía de mercado (si así puede llamarse al entramado de reglas y rutinas dentro de las cuales se producen bienes y servicios en Salta) no está en condiciones de integrarse al mercado mundial que requiere como condición la observancia de normas ambientales y laborales.

Digo esto, sin desconocer que un puñado de empresas con base en nuestra provincia lo han logrado, venciendo grandes dificultades, y hoy exhiben pergaminos homologados internacionalmente.

El unitarismo estatal, patronal, sindical y laboral asfixia nuestra producción y alienta el vergonzoso crecimiento de la marginalidad y del trabajo en negro.

Sin una reforma fiscal, aduanera, regulatoria que cree un espacio autónomo y especial en el Norte Grande y, dentro de él, en ciertos territorios atrasados (desaventajados, como gusta decir a los sociólogos) no podremos ganar la batalla del desarrollo con equidad.

La política nacional de infraestructura (transporte, comunicaciones, aguas, residuos, y urbanismo) precisa ser definida de modo coparticipado entre Nación y el Norte Grande.

Y para todo esto no hace falta reformar la Constitución. Basta con voluntad política, ideas y consensos regionales.

Permítanme señalar que pienso que, en estas materias, tiene un rol central este Consejo Económico y Social.

X.- PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO

Por supuesto resolver nuestros problemas institucionales y nuestros conflictos de todo tipo no es ni será fácil.

Pienso que necesitamos abordar un proceso de Planificación Estratégica para el Desarrollo como lo propone con sólidos fundamentos Gustavo BARBARÁN. Dejando atrás falsedades ideológicas que pregonan el antagonismo entre planificación y mercado.

Términos que funcionaron armónicamente no solo después de la segunda guerra mundial (el Consejo Nacional de Posguerra impulsado por PERÓN, es un antecedente histórico nacional). Está sucediendo ahora mismo cuando los países más desarrollados se aprestan superar los estragos de la pandemia y hacer frente a sus consecuencias más dañinas en términos económicos y sociales.

Cuando aludo a la Planificación Estratégica para el Desarrollo hablo de un proceso protagonizado por los actores sociales y políticos, apoyados por expertos del máximo nivel, que dialogan en busca de consensos de largo alcance. No de la mera suma algebraica de reclamos corporativos ni de la superposición de ideas o metas inconsistentes, como hemos ensayado en más de una oportunidad y sin resultados tangibles.  

Se impone abandonar el asilamiento provinciano y apostar por la Regionalización (argentina y sudamericana) y el Federalismo, como lo propugnó años atrás el GEICOS (Grupo Empresario Interregional del Centro Oeste Sudamericano), bajo la inspiración de Roberto Briones, Amelia Posadas, Daniel Patrón Costas y Francisco Garcia y que, por extraño que hoy pueda parecer, construyeron un trabajado acuerdo con el “segundo peronismo” (liderado en ese tiempo por el gobernador Miguel RAGONE) que permitió la celebración de la primera FERINOA en 1974.

(Presentación ante el Consejo Económico y Social de Salta)